“El Belicón” y la sombra del montaje: el caso que desnudó al sistema policial de Urrutia Lozano.

Redacción Nodo

En el reloj del Juzgado Especializado de Control, la noche del 9 de julio se detuvo unos segundos. El juez César Augusto Galán Delgado había escuchado suficientes inconsistencias para entender que no era un caso común de narcomenudeo. Era, más bien, un operativo fabricado: un teatro mal ensayado protagonizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos al mando de Miguel Angel Urrutia Lozano.

Adrián R. M., alias “El Belicón”, no era, como se pretendió, un delincuente atrapado en flagrancia. Era un hombre que esa noche se jugaba la libertad frente a un expediente colapsado por errores, omisiones y una alarmante violación de sus derechos.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) lo acusaba —junto con Jesús Antonio L. M.— de delitos contra la salud, resistencia de particulares y portación ilegal de arma de fuego. Pero en la sala no sólo se habló de droga y armas. Lo que se ventiló fue algo más profundo: una manipulación burda del proceso y un despliegue policial digno de una escena de narconovela, no de un estado de derecho.

La defensa encabezada por el Bufete de Solución Forense en Asuntos Jurídicos, presentó una batería de pruebas que cambiaron el rumbo del caso. Videos, testimonios y peritajes pusieron en evidencia una verdad incómoda: los agentes llegaron antes de que existiera una denuncia formal al número de emergencias. El supuesto reporte de personas armadas en una camioneta resultó ser una especie de pretexto retroactivo.

Las imágenes fueron elocuentes. Mostraron que “El Belicón” no estaba dentro del vehículo cuando los policías llegaron. Mostraron también cómo los agentes violaron los protocolos, alteraron la escena y, presuntamente, sembraron tanto la droga como el arma. Hubo ingreso a domicilios sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, ocultamiento del número real de agentes, y el despliegue, nada discreto, de una aeronave como si se tratara de una cacería televisada.

“Todo lo que aparece en los videos soy yo”, declaró Adrián R. M. ante el juez. “Las cosas que ponen como el chaleco no es mío, el arma no es mía y mi camioneta no cuenta con reporte de robo”.

Entonces vino el fallo. El juez Galán Delgado no tuvo margen para la duda: dictó auto de no vinculación a proceso y ordenó la liberación inmediata de los imputados. Reconoció que se habían violado derechos fundamentales y cuestionó la legalidad de todo el operativo. La FIDAI  había fallado en demostrar siquiera los elementos mínimos para sostener la acusación.

La defensa pidió que el juez turnara los hechos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Lo hizo con la convicción de que este montaje debe tener consecuencias. Pero el juez, hasta el momento, prefirió el silencio.

Mientras tanto, “El Belicón” camina libre. No porque sea inocente, sino porque el Estado fue incapaz de probar su culpa sin violar la ley. Y en un país donde la verdad se construye en expedientes mal hechos y detenciones prefabricadas, eso no es poca cosa. ( Con información de las redes sociales)