Eder Rodríguez Casillas revive certamen que fomenta violencia simbólica contra mujeres.

Por la redacción | En Jiutepec, Morelos, la corona volverá a brillar este 2025, pero no como símbolo de emancipación ni de orgullo cívico, sino como una pieza en disputa en la arena de los derechos humanos. El gobierno municipal que encabeza Eder Rodríguez Casillas ha lanzado oficialmente la convocatoria para elegir a la “Reina de las Fiestas Patrias”, ignorando el exhorto directo de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) para erradicar este tipo de concursos cuando son financiados con recursos públicos.

El evento, programado para el 6 de septiembre, exige a las participantes cumplir con un perfil estricto: ser mujeres, solteras, tener entre 16 y 22 años y residir en el municipio. La competencia se desarrollará en dos pasarelas —vestido casual y traje típico—, además de una breve intervención oratoria sobre cultura local. Entre los premios, se anuncian incentivos en efectivo, maquillaje profesional y sesiones fotográficas.

Para la CDHM, este formato constituye una forma de violencia simbólica y comunitaria, pues refuerza estereotipos que reducen el valor de las mujeres a atributos físicos y cualidades superficiales. La resolución CDHM/1.S1/026/2023-V1, emitida en 2023, advierte que estos certámenes son contrarios al espíritu de igualdad y dignidad, y pide a los 36 ayuntamientos del estado abstenerse de organizarlos, financiarlos o participar en ellos.

“Se trata de una práctica institucional que coloca a las mujeres en un escaparate, evaluadas bajo estándares estéticos que invisibilizan sus capacidades, su diversidad y su agencia como ciudadanas”, explica la académica Claudia Reséndiz, especialista en género y políticas públicas. “En pleno 2025, resulta incongruente que un gobierno local use dinero público para promover mensajes que contradicen los marcos legales de derechos humanos”.

Los concursos de belleza municipales y estatales son una tradición arraigada en México, especialmente en fiestas patronales y celebraciones cívicas. Sin embargo, en la última década han enfrentado un escrutinio creciente por parte de organizaciones feministas, instancias de derechos humanos e incluso legisladores.

En 2021, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma para prohibir el uso de recursos públicos en la realización de certámenes de belleza. Ese mismo año, municipios como Zapopan y Guadalajara dejaron de organizar estos eventos, sustituyéndolos por reconocimientos a mujeres destacadas en ciencia, deporte, arte y trabajo comunitario.

En Morelos, pese a los llamados de la CDHM, la resistencia institucional es evidente. Jiutepec no es el único caso: en ferias y fiestas patronales de otros municipios, las coronas siguen repartiéndose bajo el mismo molde tradicional, con mínimos ajustes en el discurso.

El gobierno de Jiutepec ha adoptado un discurso público que dice promover la igualdad de género, con programas dirigidos a mujeres emprendedoras y talleres de prevención de violencia. Sin embargo, al convocar un certamen como el de la “Reina de las Fiestas Patrias”, envía un mensaje contrario al que exige la política de género contemporánea.

“La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque se disfraza de tradición, de folclor, de fiesta. Pero ese disfraz no cambia el fondo: son prácticas que normalizan la cosificación y la exclusión”, señala la abogada feminista Leticia Pérez González, integrante de la Red Nacional de Abogadas por los Derechos Humanos.

En la convocatoria municipal, los criterios de evaluación incluyen “presencia escénica”, “impacto en el público” y “carisma”, mientras que las capacidades intelectuales o los aportes comunitarios de las concursantes no forman parte central de la valoración. Para expertas, este sesgo es un ejemplo claro de cómo el Estado puede institucionalizar un modelo de feminidad excluyente.

Especialistas y activistas han planteado modelos alternativos que no reproducen la cosificación. Algunos municipios han creado concursos que celebran proyectos comunitarios liderados por mujeres, certámenes de oratoria o galardones al mérito social. Otros han optado por festivales culturales donde la participación femenina no está condicionada a la edad, el estado civil ni la apariencia física.

“El reto no es sólo eliminar los concursos de belleza, sino sustituirlos por espacios de visibilidad y reconocimiento donde las mujeres puedan presentarse como líderes, creadoras, científicas o deportistas. Donde la corona sea simbólica, pero por sus logros, no por sus medidas”, apunta la socióloga Mariana Ruíz.

El caso de Jiutepec no es un episodio aislado, sino parte de un debate nacional sobre la forma en que el poder público reproduce o combate la desigualdad de género. Mientras las instituciones de derechos humanos insisten en erradicar prácticas que cosifican, algunos gobiernos locales siguen anclados en tradiciones que hoy, bajo la luz de la ley y la perspectiva de género, resultan insostenibles.

La pasarela del 6 de septiembre mostrará más que vestidos y sonrisas: exhibirá la distancia que todavía existe entre el marco jurídico que protege la dignidad de las mujeres y las decisiones políticas que, con dinero público, insisten en vestir el sexismo con lentejuelas.