“Guardianes del Territorio”: La Alegría y la Contranarrativa detienen Megaproyecto minero en Morelos.

Redacción Nodo. Ciudad de México.- Organizaciones civiles de México dieron  a conocer que el Poder Judicial Federal (PJF) otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que iniciaron habitantes de Morelos para frenar el proyecto de apertura de una mina a cielo abierto para extraer oro en el municipio de Temixco, que afectaría el municipio de Xochitepec, Miacatlán y Coatetelco.

Las organizaciones Guardianes del Territorio, ¡Cambiémosla ya¡, Territorio diversos para la vida, y el Movimiento minero contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, en conferencia de prensa anunciaron que mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, del municipio de Xochitepec, Morelos, llevaron a tribunales federales seis concesiones mineras de oro y plata que ponen en riesgo el acceso al agua y a su proyecto de vida comunitario, además de representar racismo ambiental.

Explicaron que dictámenes oficiales de la SEMARNAT y el INECC concluyeron que el proyecto minero es ambientalmente inviable y representa riesgos a la salud y a la seguridad hídrica, pese a lo cual las concesiones continúan vigentes pero tienen confianza en que el juicio de amparo concluya con la cancelación del proyecto original de la empresa canadiense Esperanza Silver que después vendio el proyecto a la industria minera Alamos por un monto de  69 millones de dólares.

Informaron sin detalles que el juzgado Segundo de Distrito en Morelos, ordenó suspender en definitiva la explotación minera mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo, en un caso que abre un precedente clave en la defensa del territorio frente al extractivismo.

Además se informó que fue un grupo de mujeres e infancias las que decidieron  acudir a la vía jurídica e interpusieron  en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras con el argumento de que la minería, al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, violando el derecho humano al agua y a una vida digna.

Además de que el proyecto de vida de los habitantes a su alrededor  se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera y  aseguran que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.

El juicio busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración ya que la Secretaría de Economía intenta anularla y  el caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.

En conferencia de prensa realizada en Auditorio del Centro Prodh, de la Ciudad de México, Eshlliny Flores Reséndiz, integrante de la organización Guardianes del Territorio, se pronunció sobre la suspensión definitiva, por parte del Poder Judicial Federal, del proyecto de instalación de una mina a cielo abierto en Morelos.

 Flores Reséndiz detalló el origen del juicio de amparo y el proceso de organización de las comunidades afectadas, destacando la trayectoria y las estrategias adoptadas para la defensa de su territorio.

Explicó que las comunidades de la Unidad Morelos y las adyacentes, como Cuentepec y Tetlama, tienen un origen marcado por desplazamientos y reubicaciones forzadas, donde  algunos de sus habitantes, incluso, ya habían sido desplazados previamente por proyectos mineros de otros lugares.

“La amenaza del proyecto minero se hizo evidente sin previo aviso ni consulta por parte de las autoridades o la empresa. Un buen día nada más aparecieron los camiones haciendo tajos, haciendo caminos”, relató Flores Reséndiz, indicando que esta fue la manera en que las comunidades se enteraron de la problemática.

Y continuó:“El proceso de lucha comunitaria de largo aliento, se inició en 2012 con la participación de diversas organizaciones y compañeros, dando como resultado de la suspensión definitiva, es fruto del trabajo arduo de estas comunidades desde entonces, sumando también los esfuerzos de académicos, ambientalistas y activistas”.

Relató que inicialmente, la lucha se centró en la “dispersión del miedo” y la realización de reuniones informativas, sin embargo, las comunidades reconfiguraron sus formas de resistencia adoptaron procesos de comunicación estratégica y lo que denominan “prácticas narrativas” o “contranarrativas”.

Estas prácticas, dijo,  buscaron vincular a las comunidades con sus territorios y territorialidades, permitiéndoles “conocer y reconocer las riquezas biopatrimoniales de los espacios vitales en donde se desarrollan”, reconocimiento que ha sido crucial para que los habitantes, quienes han sido estigmatizados de múltiples formas, encuentren en ello una fuerza y una manera de resignificarse como habitantes de estas comunidades.

“La lucha se ha emprendido con un enfoque que incorpora la alegría y la parte lúdica, buscando ser creativos en la defensa de los territorios, como ejemplifica la mención de un torneo de resorteras”, dijo.

Beatriz Olivera, de ¡Cambiémosla ya¡ señaló que la Ley minera de 1992  favoreció a las corporaciones mineras lo que trajo como consecuencia varios proyectos mineros a lo largo del país  con implicaciones ambientales y sociales, puesto que al legar las minas a cielo abierto a los territorios trae consigo un impacto ambiental irreversible “ya no hay manera de revertir impactos”.

La activista aseguró que otra consecuencia que traen  este tipo de minas es el desplazamiento de pueblos  por el uso de tóxicos para en sus procesos separar los metales preciosos como ocurre en Oaxaca,, Zacatecas y Sonora.

Finalmente recordó que en 2023 lograron las organizaciones contra la mineria en México, una nueva Ley minera, que calificó como un avance  pero aun hace falta el reglamento.