Friday, January 2, 2026
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Loret no es inocente, pero tampoco es el criminal.

Se siembra la idea de que la cobertura periodística, por más errada u obediente a los dictados de una televisora corporativa, es equiparable a una orden de aprehensión.

By Oswald Alonso Navarro , in Opinión Política , at 4 de agosto de 2025 Etiquetas: ,

Política para Cigotos | Oswald Alonso. En el teatro mexicano —donde somos muy buenos— de la justicia mediática, el caso Florence Cassez e Israel Vallarta ha vuelto a escena, no como acto de justicia, sino como una obra de revancha política del partido en el poder en tiurno. En el centro del escenario, Carlos Loret de Mola, periodista, conductor de noticieros y testigo involuntario —o no tanto— de una representación escenográfica orquestada por el Estado a través de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), bajo el mando del poderoso Genaro García Luna, hoy detenido y sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.

No hay dudas: el 9 de diciembre de 2005 ocurrió un montaje. La simulación fue diseñada por los altos mandos de seguridad pública de México —hoy encarcelados en EU. por delitos que van desde el narcotráfico hasta la traición institucional—, y transmitida al país en tiempo real, vía el canal estelar de Televisa. Una puesta en escena con rehenes, supuestos delincuentes y policías que sabían actuar mejor que operar. Pero ahora, con Israel Vallarta ya liberado, el guion parece reescribirse para que el villano no sea quien orquestó el operativo, sino quien lo narró: el periodista.

La campaña desde el poder presidencial actual —con todo el aparato propagandístico del Estado— ha emprendido una cruzada de estigmatización contra Loret. Lo retratan no como un reportero y conductor de un noticiero que transmitió un hecho manipulado por sus fuentes oficiales, sino como si hubiese sido el director de la AFI, el jefe de los agentes encapuchados, o incluso el verdugo que torturó a Vallarta en un cuarto oscuro.

El ataque es grotesco y peligrosamente eficaz. Se siembra la idea de que la cobertura periodística, por más errada u obediente a los dictados de una televisora corporativa, es equiparable a una orden de aprehensión. Se diluyen las responsabilidades institucionales para centrar la narrativa en un solo rostro, el de un periodista incómodo para el régimen actual.

Loret ha reconocido públicamente sus errores: que no cuestionó la veracidad del operativo, que no indagó lo suficiente, que se dejó llevar por la espectacularidad. Admitir esas fallas es un acto poco común en un medio donde la soberbia suele ser norma en los periodistas y en las empresas periodisticas. Pero asumir errores éticos no equivale a ser autor de delitos penales ni mucho menos el responsable del aparato de tortura del Estado mexicano.

La filosofía política tiene una advertencia clara frente a este tipo de linchamientos: cuando el poder utiliza la justicia para vengarse de sus críticos, no solo pervierte el Estado de derecho, sino que abre la puerta al totalitarismo simbólico como lo plantea el filosofo italiano Giorgio Agamben. En este caso, el campo simbólico de concentración se ha trasladado a los medios oficiales, donde se encierra al disidente mediante etiquetas, campañas y persecuciones sin juicio.

¿Hubo omisiones de Loret? Sin duda. ¿Pudo y debió haber cuestionado lo que se le presentó como una verdad fabricada? Por supuesto. ¿Pero es él quien ejecutó el montaje, detuvo, encerró y torturó a Israel Vallarta? No. Confundir la responsabilidad periodística con la responsabilidad judicial o policial es un acto de propaganda, no de justicia.

Lo que hoy vemos es un ajuste de cuentas disfrazado de justicia social. El periodismo no está exento de crítica, pero tampoco debe ser chivo expiatorio de las fallas estructurales del Estado. En lugar de mirar hacia los verdaderos perpetradores del montaje —los operadores judiciales, los policías, los fiscales, los jueces—, el gobierno ha optado por prenderle fuego a una efigie mediática. Porque el linchamiento de un periodista incómodo siempre da mejor rating que una autocrítica institucional, más si la propia víctima en lugar de señalar a sus victimarios direcciona acusaciones contra Loret.

En este cuento fantástico nacional, Loret no es inocente, pero tampoco es el criminal sobre el que debe centrase el caso Florence Cassez e Israel Vallarta. Es, como muchos periodistas en México, un actor atrapado entre el poder que manda y el poder que manipula. Lo que haga con esa conciencia es asunto suyo. Pero lo que hace el poder al querer convertirlo en el rostro del crimen, eso, eso sí, debería preocuparnos a todos los que confrontamos al poder con otros datos y exhibiendo también sus montajes nada democráticos.

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