Se tragó el patriarcado a diputadas de #Morena

#PolíticaParaCigotos | Oswald Alonso- La reciente decisión de la Cámara de Diputados de México de mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, acusado de intento de violación por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, ha generado una profunda controversia. Esta determinación, respaldada por una mayoría que incluyó a legisladores de Morena, PRI y PVEM, contrasta marcadamente con el compromiso declarado del gobierno de proteger a las mujeres contra la violencia. ​

Es particularmente inquietante que, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de salvaguardar los derechos de las mujeres, se observe una aparente incongruencia entre el discurso y la acción legislativa. Sheinbaum ha implementado medidas significativas, como la creación de una secretaría de las Mujeres y la inclusión de la igualdad sustantiva en la Constitución, reflejando un compromiso con la causa feminista. ​

Sin embargo, la protección otorgada a Blanco sugiere que, en la práctica, las alianzas políticas y los intereses partidistas pueden prevalecer sobre la justicia y la protección de las víctimas. Este caso pone de manifiesto una disonancia preocupante: mientras que la administración federal promueve políticas de igualdad y combate a la violencia de género, en el ámbito legislativo se toman decisiones que parecen contradecir estos principios.​

La reacción de diversas diputadas, quienes protestaron enérgicamente durante la sesión, evidencia la fractura y el descontento dentro del propio partido gobernante. Estas legisladoras, al alzar la voz y calificar de “machista” el respaldo a Blanco, reflejan la tensión existente entre las bases comprometidas con la agenda de género y la cúpula política que, en este caso, optó por proteger a uno de los suyos. ​

Este episodio subraya la necesidad imperiosa de coherencia entre el discurso y la acción. La lucha contra la violencia de género no puede ser solo una bandera política; debe traducirse en decisiones concretas que prioricen la justicia y el bienestar de las víctimas, sin importar las afiliaciones o conveniencias políticas. De lo contrario, se corre el riesgo de que las promesas de protección y equidad queden relegadas a meras declaraciones vacías, erosionando la confianza pública en las instituciones y en quienes las representan.