García Luna (Calderón) y Bermúdez (Adán Augusto) no son anomalías, son síntoma de protección.

Política para Cigotos | Oswald Alonso. La política mexicana tiene una obsesión cíclica: repetir los errores del pasado, pero con nuevos rostros. Como si el sistema necesitara reciclar sus monstruos para no morir de aburrimiento. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico, parecía una herida única, irrepetible. Pero la sospecha ahora se posa sobre otro funcionario: Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en Tabasco bajo el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y figura clave del oficialismo.

La acusación que recae sobre ambos es semejante: haber protegido al crimen organizado desde las entrañas del Estado. Pero más allá de los individuos, el eco más inquietante es otro: el modo en que el poder juzga según le conviene. Lo que en el pasado fue causa de indignación y acusaciones de complicidad presidencial, hoy se disuelve en un prudente silencio o en una defensa ideológica.

Cuando García Luna cayó, la oposición de entonces —hoy gobierno— fue clara: “No es posible que Felipe Calderón no supiera”. Y tenían razón: nadie escala hasta la cima de la seguridad nacional sin la bendición del presidente. Pero hoy, cuando se multiplican los señalamientos sobre Bermúdez, surge la misma pregunta incómoda: ¿Podía Adán Augusto no saber?

Sócrates, en sus diálogos sobre la virtud, sentenció que el hombre que conoce el bien no puede obrar el mal sin traicionarse a sí mismo. La política mexicana, sin embargo, ha hecho de la traición a la ética una forma de supervivencia. Se predica con fuego desde la trinchera de la oposición, pero se apaga el incendio cuando el aliado está bajo sospecha.

Simone Weil, filósofa francesa, escribió que la contradicción es la señal de que no se está pensando bien. Y en México, la contradicción es ley no escrita del discurso político sobre todo ahora en el gobierno de una izquierda autollamada 4T. En tiempos de Calderón, el narco infiltrado era un crimen de Estado. En tiempos de la 4T, es sólo un “error administrativo”, una “desviación personal”, un “caso aislado”. Pero no lo es.

García Luna y Bermúdez no son anomalías. Son síntomas de una estructura que permite, promueve y luego encubre. Adán Augusto, al igual que Calderón, no puede ser exonerado por omisión. No puede alegar desconocimiento si fue quien centralizó el poder, construyó lealtades ciegas y blindó a su círculo más cercano.

Albert Camus escribió nos enseñó que  nombrar las cosas mal es añadir al infortunio del mundo. Y en México, se les llama “traidores” cuando están en el partido equivocado, y “víctimas del golpeteo mediático” cuando son de casa.

Lo que vemos hoy no es sólo corrupción. Es la revelación de que el discurso anticorrupción, si no se aplica con la misma vara a todos, es sólo propaganda política de otra simulación que ahora proteje al senador.

El dilema actual no es si Adán Augusto sabía o no. La verdadera tragedia política es que, si sabía, lo encubrió; y si no sabía, gobernó con los ojos cerrados —lo que sería peor— según vemos . En ambos escenarios, la ética pública ha sido traicionada.

La ciudadanía, en tanto, ya no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Porque si la justicia se convierte en herramienta selectiva, deja de ser justicia y se convierte en venganza política. Y entonces, como advirtió Hannah Arendt, la política se vuelve un espectáculo vacío donde las palabras han perdido su sentido y los actos ya no tienen peso.

Entonces, la congruencia no es sólo una exigencia ética. Es un principio fundacional del Estado democrático. O la aplicamos a todos, o seguimos condenados a vivir bajo la farsa de los buenos que encubren a los suyos, mientras acusan a los otros con las manos manchadas.