Selección de jueces tendría que ser por mérito, conocimiento jurídico y experiencia, no por popularidad y voto.

En el actual proceso de elección de ministros, magistrados y jueces federales en México, se juega no solo la independencia del Poder Judicial, sino también la viabilidad del sistema democrático, aunque sus impulsores digan lo contrario. Lo que en principio se presenta como un ejercicio de “democratización” en realidad esconde riesgos serios de politización, clientelismo y debilitamiento institucional.

Desde su anuncio, la reforma que permite la elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido cuestionada por expertos en justicia, académicos y organismos internacionales. No es para menos. En cualquier país con Estado de derecho consolidado, la selección de jueces sigue principios de mérito, conocimiento jurídico y experiencia, no de popularidad ni de alineación partidista al gobierno en turno.

El argumento de que el pueblo debe elegir a sus jueces parece democrático en apariencia, pero en la práctica puede derivar en la manipulación del proceso por fuerzas políticas que buscan control total sobre el aparato judicial sobre todo del partido en el poder (Morena). Un juez independiente e imparcial no debe responder a electores, sino a la Constitución y a la ley, de ahí el riesgo.

México no cuenta con las condiciones para garantizar una elección de jueces sin la interferencia del poder político. Las campañas electorales de jueces serán dominadas por partidos, gobernadores, sindicatos y grupos empresariales con intereses en el Poder Judicial Federal y de los estados. Un candidato a juez que necesite financiamiento para  su campaña estará inevitablemente comprometido con sus patrocinadores. En México, el riesgo es aún mayor: los jueces podrían terminar dependiendo de los mismos grupos políticos que deberían juzgar.

Si hoy la justicia enfrenta presiones del crimen organizado en varias regiones del país, la elección de jueces podría agravar el problema. En municipios y estados donde los grupos delictivos ya imponen candidatos a presidentes municipales y diputados, como ha sido probado, ¿qué impediría que hicieran lo mismo con los jueces? La respuesta es más que obia,

El crimen organizado tiene los recursos y la capacidad de coerción para influir en elecciones locales. La posibilidad de que grupos criminales financien o amenacen candidatos a jueces no es descabellada; es una realidad que podría convertir al sistema judicial en un brazo más de la corrupción y la impunidad, con sus proporciones, como ha ocurrido en otros poderes del estado mexicano.

Parece que  el verdadero objetivo de esta reforma no es democratizar la justicia, sino debilitar su independencia y aprovechar para que un nuevo partido egemónico lo controle. Hoy la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal funcionan como un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, con jueces electos en procesos controlados por los mismos partidos en el poder pero con la elección que inició este fin de semana de ministros, magistrados y jueces, estos contrapesos -todo parece- desaparecerán.

Hoy, la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal funcionan como un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo. Con jueces electos en procesos controlados por los mismos partidos en el poder, los contrapesos desaparecerían.

Decisiones clave sobre derechos humanos, justicia penal y constitucionalidad de leyes quedarían en manos de jueces que, para asegurar su reelección, podrían favorecer la agenda del gobierno en turno. Esto haría prácticamente imposible la protección de los derechos fundamentales cuando estos choquen con los intereses del poder político, como nos lo ha probado la historia.

Este 2025 será un año definitorio para el Poder Judicial en México. La presión internacional, las manifestaciones de la sociedad civil y la oposición de juristas y académicos pueden frenar este intento de captura judicial. Sin embargo, si el oficialismo logra avanzar con su plan, México podría entrar en una nueva era de justicia sometida al poder político, al crimen organizado y a los intereses de élites económicas, aunque  habrá excepciones en todos los estados del país.

La elección de jueces no  parece una reforma democrática; es un golpe estructural a la independencia judicial, existe una coincidencia de los que saben. En un país donde la impunidad es la norma, debilitar aún más al Poder Judicial no resolverá el problema de la corrupción, sino que lo institucionalizará según parece

Entonces, con todo lo anterior, el proceso de elección judicial no es una evolución democrática sino una involución, un retroceso cercano a lo que se ha criticado: autoritarismo que  lejos de fortalecer la justicia, la someterá a los intereses políticos de un nuevo partido en el poder, debilitando la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Otra coincidencia México enfrenta una encrucijada: defender la independencia judicial o aceptar su destrucción.