Solicitan intervención federal para frenar desarrollo Altoverde de Portenta

Cuernavaca, Morelos.- El crecimiento inmobiliario desmedido en la capital de Morelos ha vuelto a encender las alarmas ambientales. La diputada federal Meggie Salgado, integrante de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados, informó que presentó de manera formal una solicitud de intervención federal y una denuncia ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en contra del desarrollo habitacional “Altoverde”.

El proyecto, impulsado por la empresa constructora Portenta, se localiza en el Paseo Cuauhnáhuac de la colonia Flores Magón, en el municipio de Cuernavaca. De acuerdo con los recursos legales interpuestos, el desarrollo se encuentra actualmente en fase de promoción y preventa, a pesar de que presuntamente no cuenta con las autorizaciones vigentes en materia de impacto ambiental, licencias de construcción uy permisos de intervención urbana.

La denuncia técnica de la legisladora del partido oficial, advierte que la construcción de “Altoverde” generaría un desequilibrio ecológico y daños ambientales de carácter irreparable. El predio en cuestión alberga aproximadamente unas 4.5 hectáreas de vegetación forestal se selva baja caducifolia, un ecosistema nativo crucial para la regulación del microclima local y el combate a las islas de calor en la zona urbana de Cuernavaca.

Entre los impactos ambientales más alarmantes que se denuncia en el documento se encuentran la perdida de masa forestal y la posible afectación y tala de mas de 1,600 ejemplares arbóreos, ademas de identificar una posible crisis hídrica ya que la zona está identificada como una de las área de recarga acuífera mas importante de la ciudad, ” su pavimentación rompería el ciclo de captación pluvial”, denuncia. se dice que habría una presión critica sobre la infraestructura de drenaje, alcantarillado y el desabasto de agua potable en la zona oriente de la ciudad.

La legisladora y activista ambiental solicitó a las autoridades federales la admisión inmediata de la denuncia popular y la ejecución de visitas de inspección y vigilancia en el predio. Aclaró que la acción legal no busca frenar la inversión privada ni el desarrollo económico del estado, sino garantizar que los proyectos se ejecuten bajo un marco de estricta sustentabilidad y estricto apego a la ley.