Es como si la portera del infierno vigilara la entrada al paraíso.

Política para Cigotos | Oswald Alonso. Hay historias que ni la ficción se atreve a contar, por miedo a parecer inverosímil. La de Silvia Delgado García, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera —sí, el mismo que fugó dos veces, fundó un imperio de horror y se convirtió en el ídolo de un submundo— es una de ellas. Ahora, la licenciada Delgado no solo cambió de cliente, cambió de bando: ha sido nombrada jueza penal. Es como si la portera del infierno decidiera vigilar la entrada al paraíso.

En un país donde la justicia llega tarde, mal y con miedo, ¿qué significa que quien defendió al capo más poderoso del narcotráfico mexicano ahora tenga en sus manos la facultad de encerrar o liberar a otros? Es un hecho legal, sí. Pero lo legal no siempre es lo legítimo, y lo legítimo no siempre es lo moral. He ahí la grieta.

Desde el punto de vista del derecho positivo, ningún artículo constitucional o de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe que un abogado defensor se convierta en juez. En teoría, su experiencia técnica, sus conocimientos procesales y su entendimiento del sistema penal acusatorio podrían ser virtudes. A fin de cuentas, muchos jueces fueron antes litigantes, fiscales o defensores de criminales, porque así funciona la defensa técnica. El problema no es jurídico, es simbólico, y en México lo simbólico es pólvora.

La defensa de un narcotraficante no es un pecado; el derecho a la defensa es uno de los pilares del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando se trata de un personaje como Guzmán Loera —cuyos tentáculos tocaron ministerios públicos, policías federales, gobernadores, periodistas, militares y hasta diplomáticos— la ética se complica.

¿Fue Delgado una defensora más, o fue parte del sistema que mantenía operante al Cártel de Sinaloa en los tribunales? ¿Colaboró más allá del derecho a la defensa? ¿Guardó secretos que ahora, como jueza, podrían volverla vulnerable al chantaje? ¿Dónde termina el deber profesional y dónde comienza la complicidad moral? Nadie lo sabe. Y ese es el problema.

México no es Noruega. Aquí, las percepciones matan más que las balas. Y en un sistema judicial corroído por la corrupción y la impunidad, cada decisión judicial se mira con lupa. En ese contexto, el ascenso de Delgado al estrado se vuelve una provocación: una muestra de la desconexión brutal entre el Poder Judicial y el sentido común del ciudadano. El mismo ciudadano que ve a jueces liberar a feminicidas, a fiscales que archivan masacres y a tribunales que se doblan ante el poder del dinero.

Nombrar a quien defendió al Chapo como jueza es, para decirlo claro, un acto de insensibilidad institucional, como invitar a cenar a Drácula en un hospital de donadores de sangre.

Imaginemos a Delgado en una audiencia de control, determinando si se vincula a proceso a un detenido por delitos contra la salud. ¿Podrá ser imparcial? ¿Y si el detenido tiene vínculos con su antiguo cliente? ¿Y si un abogado le recuerda que ella también fue del “otro lado”? ¿No basta con evitar la corrupción, también hay que evitar la apariencia de corrupción, nos dice la ética judicial.

Silvia Delgado es un espejo roto del país: un México donde el crimen organizado no solo infiltra policías, también infiltra los símbolos, el lenguaje, la historia y ahora —aparentemente— la toga.

Tal vez Delgado sea una gran jurista, una mujer con méritos técnicos, una abogada brillante. Tal vez haya defendido al Chapo porque alguien tenía que hacerlo, como manda la Constitución. Pero en el fondo, el debate no es sobre ella, sino sobre nosotros: ¿qué país queremos construir? ¿Uno donde la ley sea una máscara, o uno donde la ética sea un principio rector?

Porque cuando el poder judicial pierde autoridad moral, no queda justicia: queda teatro. Y no hay peor tragedia que un país donde los jueces son vistos como actores en la misma obra criminal que deberían juzgar.

Silvia Delgado ya cruzó el umbral. Ahora, el sistema debe responder una sola pregunta: ¿tenemos jueces o tenemos sombras?

Silvia Rocío Delgado García, la abogada que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán, se perfila para convertirse en jueza de distrito en materia penal, representando al Distrito 5 con cabecera en Ahumada, Chihuahua. Con el 91.3 % de casillas computadas al 16 de junio, su candidatura obtuvo 20 532 votos, colocándola en segundo lugar y dentro de las cinco mejor calificadas para acceder al cargo junto a otros cuatro hombres y mujeres