La metamorfosis de la activista en el poder

Política para Cigotos | Oswald Alonso. Hay nombramientos que, en vez de cerrar heridas, las reabren. La designación de Nadxielli Carranco Lechuga como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos no es una elección cualquiera: es una señal, un síntoma, una grieta por donde se asoma el desencanto y la perversión del poder.

En un principio, Carranco encarnó la fuerza legítima del dolor. Era una activista que denunció feminicidios cuando hacerlo implicaba plantarse frente a una muralla de indiferencia oficial. Su voz resonaba como un eco necesario en un estado donde la violencia contra las mujeres se convirtió en paisaje. Su causa era justa y su rabia, necesaria. Pero en Morelos, incluso la indignación más genuina puede ser domesticada, cooptada, vestida de traje institucional y sentada en una silla acolchonada de presupuesto, influencias y obediencias.

El tránsito de Carranco del activismo al poder ocurrió de la mano del exgobernador Graco Ramírez –y su esposa Elena Zepeda– quien la colocó al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Allí comenzó otra historia: expedientes manipulados, víctimas ignoradas, recursos usados con opacidad, y una larga lista de denuncias por irregularidades administrativas y maltrato institucional. Aquel grito que pedía justicia se convirtió en la voz monocorde del funcionariado, esa que habla mucho y resuelve poco.

Hoy, en 2025, su ascenso a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos representa –dicen muchos– una bofetada institucional a quienes esperaban imparcialidad, renovación y distancia crítica respecto de los gobiernos pasados. El Congreso local la eligió en una sesión –dicen otros– manchada por la sospecha y la simulación democrática, con argumentos envueltos en tecnicismos legales, pero vacíos de ética pública.

La pregunta no es solo si Carranco tiene el perfil —académico o técnico— para el cargo. La verdadera pregunta es: ¿puede alguien con un historial de denuncias, vinculaciones políticas cuestionadas y manejo burocrático insensible ser garante de los derechos humanos de los demás? ¿Puede una institución dolida confiar en una figura que ya traicionó la confianza de otras víctimas?

El perfil adecuado para los nuevos tiempos exigía tres elementos innegociables que se cumplieron parcialmente: conocimiento profundo de la ley y del sistema de derechos humanos, nacional e internacional; trayectoria probada en la defensa de víctimas, no solo desde el escritorio o los foros, sino en las trincheras reales del agravio; y reputación sin grietas, a prueba de filtraciones, auditorías, señalamientos o simpatías políticas. Esta última no se cumplió y es grave.

Sería ingrato no reconocer que, al final, se trata de una activista querida y apoyada también por otras activistas o colectivos, que le reconocen su trayectoria, larga o corta, en las protestas en calles donde los gritos y estadísticas de las muertes de mujeres durante un periodo obligaban voces que describieran el horror que vivían —y siguen viviendo— las mujeres. Pero también es obligado documentar la metamorfosis de Carranco.

En la coyuntura histórica —de polarización, impunidad estructural y violencia desbordada— no haber elegido bien es una condena ética y jurídica para una entidad que aún puede –y merece— ser el faro de lo justo en medio del naufragio institucional histórico.

Seria muy sano que la metamorfosis de Carranco se inclinara más por el camino de las víctimas, de los colectivos defensores de algún derecho humano, y no de los afectos políticos de grupo que están al asecho de los errores del enemigo para atacar con intensiones políticas futuras.